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En una reciente y preocupante noticia, la Comisión Europea ha decidido llevar a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea debido a supuestos incumplimientos en la transposición y aplicación de su marco regulatorio ferroviario de 2012, que establece el Espacio Ferroviario Europeo Único. La Unión Europea ha estado advirtiendo a España desde 2018 sobre las infracciones de su marco legal con respecto a la Directiva 2012/34/UE, y a pesar de algunas medidas tomadas desde entonces, la Comisión considera que no se han abordado todos los problemas señalados.

La cuestión principal se centra en aspectos relacionados con la liberalización de la red ferroviaria y la independencia de gestión de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias en España. La Comisión Europea argumenta que la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras, la gestión de las empresas ferroviarias según principios comerciales y la correcta redacción de acuerdos contractuales no se alinean adecuadamente con la política europea.

A pesar de que España ha introducido modificaciones en su marco regulatorio ferroviario, la Comisión Europea señala que el sistema aún no está operativo. Esto se debe a una disposición transitoria que suspende las modificaciones hasta que Adif apruebe y publique la normativa correspondiente, lo cual aún no ha ocurrido. Como resultado, existe el riesgo de que el antiguo sistema continúe aplicándose hasta 2024 o 2025. Esto se traduce en que los cánones ferroviarios se convierten en algo impuesto de facto, lo que dificulta su impugnación por parte de las empresas ferroviarias.

Además, la Unión Europea también señala que no se garantiza la autonomía del consejo de administración de Adif con respecto al Gobierno español. La influencia decisiva del Estado en la toma de decisiones del consejo de administración, debido a la designación y cese de sus miembros por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, no cumple con las disposiciones del marco regulatorio europeo.

La Comisión Europea también critica la falta de elementos clave en el acuerdo contractual entre el Gobierno español y los administradores de infraestructuras, incluyendo la ausencia de indicadores clave de rendimiento relacionados con la eficiencia y la reducción de los costos de acceso a la red.

Este anuncio de la Comisión Europea coincide con la comparecencia de la ministra de Transportes de España, Raquel Sánchez, en una conferencia europea sobre la liberalización del transporte ferroviario. La ministra ha defendido el camino de reforma emprendido por España a partir de 2021, que permitió la entrada de nuevos operadores en el mercado de pasajeros. En este sentido, ha reivindicado el papel proactivo de Adif y su compromiso en facilitar el acceso a la red ferroviaria.

Este caso plantea interrogantes sobre la implementación de políticas ferroviarias en España y destaca la importancia de cumplir con las regulaciones europeas para garantizar un sistema ferroviario eficiente y competitivo en toda la Unión Europea. El futuro del transporte ferroviario en España dependerá de la resolución de estos problemas y de un compromiso continuo con la liberalización y la sostenibilidad.